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Eveling Pinto, Haydée Castillo y Wendy Flores acumulan más de una década, respectivamente, defendiendo los derechos humanos. Una vocación que ha sido criminalizada en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que las obligó a abandonar su país para resguardar su vida, su seguridad y la de sus familias.  “Nunca me lo imaginé. Ser desterrada por defensora”, dice Pinto desde Estados Unidos, donde llegó junto a 221 personas excarceladas políticas, el pasado 6 de febrero de 2023. La defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes había sido condenada a ocho años de cárcel por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Pasó 457 días recluida en una bartolina, fue desnacionalizada y su patrimonio familiar confiscado. La Rebelión Cívica que explotó en Nicaragua en abril de 2018, motivada por una abusiva reforma a la seguridad social, y posteriormente transformada en demanda de justicia y democracia ante la masacre perpetrada por las fuerzas policiales contra las personas manifestantes que se saldó con 355 asesinados, marcó un antes y un después en materia de derechos humanos.  Los asesinatos, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones forzadas empezaron a ser la rutina de un país, que ya tenía una institucionalidad fragmentada. La debacle nadie la vio venir, incluido los Ortega-Murillo. Y reaccionaron como siempre lo acostumbraban ante cualquier descontento social: con violencia. Pero esta vez, todo fue diferente. Las protestas no cesaron y con ello, inició una sistemática violación a derechos humanos, que en cinco años, han constituido crímenes de lesa humanidad, según concluyó el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU.  Las defensoras empezaron acompañar a las familias de los asesinados, sistematizaron las agresiones ejecutadas por fuerzas policiales y paramilitares, salían a las calles a protestar, respaldaron a las personas encarceladas, sufrieron detenciones exprés, pero a pesar de la reprenda elevaron su voz para que el mundo volteara la cara hacia la masacre que estaba ocurriendo en el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. EL RASTRO DE LA PERSECUCIÓN Pinto era una de esas defensoras que dedicó sus días a socorrer a las víctimas y sus familiares de la represión estatal. No se imaginó que ejercer su vocación provocara su detención el 6 de noviembre de 2021 como parte de una redada contra lideresas locales, personas defensoras y opositoras. “Nunca pensé que pudiéramos llegar hasta este punto”, dice indignada. Al menos unas 49 mujeres, entre defensoras y activistas, han sido desterradas por Daniel Ortega desde 2018 a la fecha, indican datos del primer trimestre de 2023 de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Desde el estallido social el régimen arreció la criminalización contra la defensoría de derechos humanos y alentó ataques contra defensoras. Entre enero y septiembre de 2021, IM-Defensoras registró 2269 agresiones contra mujeres defensoras, entre las que se encuentran detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales de domicilios, campañas de difamación, estigmatización y violencia sexual. Durante el primer trimestre de 2023 los abusos se enfocaron en destierro y despojo de ciudadanía (15% correspondiente a 36 defensoras, activistas y periodistas) y el desplazamiento forzado (15%).  El desmantelamiento de casi todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenado por el Ejecutivo, implicó la aprobación de un combo de leyes, a finales de 2020 y 2021. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, dio trámite a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Estos cuerpos jurídicos son la base de los abusos emitidos contra oenegés, personas presas políticos, defensoras de derechos, personas opositoras, familias de víctimas mortales y demás.  En palabras de la defensora Pinto “Lo que vemos es tierra arrasada contra todo lo que es derechos humanos, hasta el más básico”, dice con dolor.  UN ENSAÑAMIENTO DE VIEJA DATA La saña del orteguismo contra el movimiento de mujeres en Nicaragua no inició en 2018. Lo hizo desde que Ortega retornó al poder, en 2007. En ese año nueve feministas fueron investigadas por el Ministerio Público por presunta apología del delito de aborto por la labor que habían desarrollado en contra de la reforma que permitió en 2006 la penalización absoluta del mismo y la defensa frente al caso de violación de una menor de nueve años, conocido como caso “Rosita”.  Luego vino otra oleada de abusos contra organizaciones feministas, apunta el informe “Perseguidas por defender y resistir” de IM-Defensoras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), publicado a finales de 2022. Los ataques de 2009 se centraron en una campaña de estigmatización, cuestionando el manejo de los recursos de estas oenegés, acompañados de allanamientos. Y en los años siguientes hubo confrontaciones físicas. En cada efeméride internacional, el régimen montaba contramarchas y enviaba al frente mujeres policías para enfrentarse con las activistas. Wendy Flores desde su labor como abogada en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), reconoce que defender derechos implica enfrentarse al poder. Sin embargo, nunca pensó que un día ella pasaría de asistir a las víctimas a ser una de ellas. “Me tocó tomar esa decisión para no poner en mayor riesgo a mi familia, y no exponerlas a una situación más difícil”, comparte Flores, quien está exiliada en Costa Rica desde el 27 de diciembre de 2018, tras el cierre y confiscación del Cenidh por parte de la dictadura. Haydée Castillo, quien ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, se exilió en Estados Unidos en 2018. Lo hizo después de ser interrogada en El Chipote, una cárcel reconocida en Nicaragua como un sitio de torturas contra presos políticos. “Me vi obligada porque tenía amenazas de muerte, pero también estas amenazas ya trascendían a mi familia y a mis colegas con las que trabajaba en la defensoría de derechos humanos en las Segovia”, expresó la presidenta del confiscado Instituto de Liderazgo de las Segovia.  A casi cinco años de su exilio, Castillo,

En lusoga, idioma local ugandés, ABAWALA significa “NIÑAS”, palabra que identifica a este proyecto titulado «ABAWALA: The future is female», que trabaja con las niñas y madres jóvenes de zonas rurales de Uganda, al considerarlas el futuro de la sociedad, en un país con uno de los porcentajes más altos de población joven del mundo, en parte debido a las altas tasas de embarazos adolescentes. Esta problemática es más extrema en zonas como la región de Busoga, con un mayor índice de pobreza y menos cobertura de las entidades gubernamentales, por lo que las acciones del proyecto se centran en los distritos de Jinja y Luuka de la mano de las organizaciones PECA Women & Children Foundation y WIPE (Women Initiatives In Poverty Eradication). «El proyecto pretende erradicar la violencia sexual y los embarazos adolescentes, así como sus consecuencias agravadas por la pandemia COVID-19 contribuyendo a la igualdad de oportunidades y a la reducción de las discriminaciones de género en zonas rurales del este de Uganda», Meritxell Prats Queralt, expatriada en Uganda. LAS ACCIONES PARA EL EMPODERAMIENTO Para alcanzar los objetivos, Fundación Mujeres ha identificado que la primera acción es crear una conciencia de derecho debido a que muchas de «sus tradiciones» atentan contra los derechos de las mujeres contemplados en las legislaciones de Uganda. «Una parte es por la falta de recursos gubernamentales, pero también las normas sociales hacen que la violencia no se identifique como un problema, es decir que las mujeres no conocen sus derechos y no saben identificar la violencia, pero tampoco conocen los mecanismos para denunciarla ante la ausencia de entidades del Estado», dice Carmen Guerrero Monge, Técnica en sede de Fundación Mujeres. Para ello, el proyecto apunta a tres grandes resultados: Fortalecer las capacidades y habilidades profesionales de las madres jóvenes, para promover y mejorar sus medios de vida y autonomía económica. Fortalecer los conocimientos de niñas y madres jóvenes para la prevención de la violencia de género y la defensa de sus derechos. Reforzar las capacidades comunitarias e institucionales para la promoción de la igualdad de género y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Específicamente se persigue: promover el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de niñas y madres jóvenes de zonas rurales de la sub-región de Busoga, mediante el impulso de sus medios de vida y la sensibilización comunitaria. Este trabajo se está realizando de forma directa con 180 mujeres, madres adolescentes, que están participando en formación financiera y profesional para alcanzar la sostenibilidad económica; el conocimiento de sus derechos; y el acercamiento a los sistemas de gobierno locales a diferentes escalas. «Esta experiencia de expatriada nos permite estar día a día con las socias locales y trabajar cara a cara con las personas. Tener esta interacción directa con las personas que están en el terreno nos permite trabajar de forma conjunta, conocer las beneficiarias, ver como se implementa y nos ayuda a entender la situación en Uganda», explica Prats Queralt. __________________________ Este texto ha sido elaborado como parte de la campaña #DerechosParaTodas que promueve la agrupación Feministas Cooperando desde el proyecto: “Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).

La defensa de los derechos humanos en Centroamérica, sigue siendo de interés para la Asociación de Mujeres Malvaluna y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid) que durante 2023 ejecutan el proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica. Un programa que inició en 2022 enfocado principalmente en el acuerpamiento de las personas defensoras de derechos que en esta región del mundo se enfrentan a la persecución, criminalización, cárcel e incluso la muerte por ejercer la defensa de derecho que, según denuncian organismos internacionales, “se han registrado y observado graves atropellos a los débiles modelos democráticos”. E identifican como consecuencia de este retroceso “una tendencia regional a la cooptación y posterior instrumentalización de los sistemas de Justicia” en contra de las personas defensoras de derechos humanos que cada vez y con más frecuencia, se enfrentan a procesos judiciales en los que señalan a todo el aparato estatal coludido para silenciar sus voces. Este contexto no es ajeno para Extremadura que, desde la Aexcid mantiene un trabajo de cooperación con la región, por lo que este proyecto apunta a: Desarrollar acciones estratégicas y de formación en seguridad digital y proteccion física con personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica y sus resdes de contactos. Entre las acciones contempladas se encuentran: ¡Tengo derecho a defender derechos! Es en este contexto que surge la campaña ¡Tengo derecho a defender derechos! con la que la Asociación de Mujeres Malvaluna pretende informar y sensibilizar sobre la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala como principales países desde donde participan 30 mujeres defensoras de derechos humanos. La región es la más peligrosa del mundo para las personas defensoras de derechos humanos: a 177 le arrebataron la vida de forma violenta en los últimos cinco años. Estos datos convierten a los países del istmo en una de las regiones más peligrosas para quienes abogan por los derechos de la ciudadanía, desde activistas hasta jueces y periodistas. Las agresiones incluyen violencia física, acoso sexual, actos de intimidación, difamación y denuncias judiciales, y hablan de un fenómeno de ataque a los defensores mucho más generalizado en la región que si solo se tienen en cuenta los homicidios registrados. Una realidad compleja que no es atribuible a una sola causa como exclusiva, sino a la suma de causas y factores estructurales que contribuyen a una discriminación histórica. Si bien, cada país tiene su propia realidad, existen factores comunes que incrementan la peligrosidad de la defensa de los derechos humanos. En Nicaragua, por ejemplo, se ha denunciado la instauración de una dictadura que va contra cualquier pendamiento crítico y que mantiene incluso ‘presos políticos’. Una situación que también se ha denunciado en Guatemala con la detención y criminalización de reconocidos periodistas y la persecución, al igual que en Honduras, de las y los defensores del territorio. En El Salvador, no muy lejana a la situación de Nicaragua, se ha instaurado un Estado de Excepción que, según organismos internacionales, ha dado paso a la permanente violación de los derechos humanos. Aunque la labor de defensa de los derechos humanos ha existido siempre a lo largo de la historia en permanente avance en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, siendo uno de los resultados de esta constantes lucha la instauración de la democracia. Por ello, no debemos olvidar que la acción individual y colectiva de las defensoras de los derechos humanos es fundamental para hacer frente a la discriminación y la desigualdad, y la construcción de sociedades justas en democracia que, en contextos represivos se enfrentan a la criminalización y violencia, ¡Acuerparlas es obligatorio!

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) trabaja en la región marroquí Tánger-Tetuán-Alhoceima desde hace 25 años, junto a numerosas socias locales. Mediante ese trabajo se implementan proyectos y programas de cooperación internacional y Acción Humanitaria para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, favoreciendo su empoderamiento individual, comunitario e institucional. Cabe destacar, intervenciones dirigidas a mujeres y niñas migrantes subsaharianas, cuyas condiciones extremadamente vulnerables, las abocan a un quebrantamiento continuo de sus derechos. Mediante el proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo a la lucha contra la violencia basadas en el género sobre mujeres migrantes subsaharianas en el norte de Marruecos Fase II”, financiado desde hace ya 5 años por la Excelentísima Diputación de Cáceres, MZC y la Asociación local Genre et Développement Durable (AGDD) pretenden contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y las niñas migrantes de África Subsahariana en el norte de Marruecos. En concreto, a través del Centro de Atención Integral para Personas Migrantes (CAIPM) gestionado por MZC y AGDD en la ciudad de Tánger, donde se brinda atención médica y psicológica, así como asistencia humanitaria a mujeres y a sus hijos e hijas. En el CAIPM son recibidas mujeres y menores de Costa de Marfil, Guinea, República Democrática del Congo, Camerún, Mali, Senegal, Nigeria, Gambia, entre otros. Mediadoras de Costa de Marfil y Guinea las acogen y explican los servicios de los que se pueden beneficiar y las derivan a la trabajadora social para una primera escucha. A partir de ese momento se analizan todas sus necesidades para poder realizar un plan de atención individualizado, incluyendo este una posible derivación sanitaria psicológica, ya que, en numerosas ocasiones, estas mujeres han sido víctimas de la violencia basada en el género. Los países del norte de África, como Marruecos, se convierten en receptores de población subsahariana a causa de las políticas migratorias y la externalización de la frontera europea y carecen de la capacidad e intención de gestionar este flujo migratorio. Esto genera mayor vulnerabilidad en las personas migrantes, pudiendo ser víctimas de estafas y/o víctimas de redes de trata y explotación sexual y laboral, quienes se benefician de esta situación de movilidad humana. El Centro de Atención Integral para Personas Migrantes se ha convertido en un referente para las personas que llegan por primera vez a la ciudad de Tánger, así como para aquellas a las que se ha acompañado desde hace varios años. La mayoría coinciden en que el CAIPM de MZC es un lugar seguro donde poder expresarse y al que dirigirse en caso de necesidad. “A lo largo de los años, desde MZC hemos visto como muchas de nuestras beneficiarias han mejorado su situación socioeconómica en Marruecos, han continuado su ruta hacia el norte o, después de años en el extranjero, han decidido regresar a su país de origen. Es por todas ellas y por la convicción de que la movilidad humana es un derecho, que trabajamos día a día poniendo toda nuestra energía para acompañarles en la reclamación y restitución de sus derechos”. _____________ Este texto ha sido elaborado como parte de la campaña #DerechosParaTodas que promueve la agrupación Feministas Cooperando desde el proyecto: “Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).

En 2021, la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX) mediante el financiamiento de la Diputación de Badajoz, dieron vida al proyecto, Ayala de la mano de la Asociación por el Respecto de los Derechos de la Mujer Salvadoreña (ARDEMUSA) con la colaboración de La Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local localizadas en el departamento de Santa Ana, El Salvador. El proyecto se centra en “formar a mujeres lideresas en la defensa de derechos humanos, igualdad de oportunidades, creación de una red de voceras de portavocías, promover la participación política y contraloría social”, en grupos de mujeres indígenas, campesinas, implicadas en sus comunidades y con capacidad de decisión. Además, las profesionales salvadoreñas que ejecutan el proyecto han recibido formación sobre atención psicosocial a mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia de género en cualquiera de sus modalidades y las violencias que sufren las defensoras de las comunidades. Y se ha desarrollado seguimiento al proceso de consolidación de la asociación de mujeres “Metamorfosis” que surgió durante las primeras formaciones en 2021. Se han realizado una serie de formaciones que han incluido el contexto de riesgo que están viviendo las mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador ante las políticas totalitarias del presidente, Nayib Bukele, en especial las consecuencias del Estado de Excepción declarado en marzo de 2022 que deja como saldo más de 40 mil personas detenidas en este contexto. Por ello, Ayala también trabaja en incidencia política mediante dos campañas en redes sociales para denunciar estas medidas que suspenden los derechos a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones; y que además extendió el plazo de la detención administrativa de 72 horas a 15 días. Tanto en El Salvador como en España se plantea la denuncia de la situación, a lo interno para informar a la ciudadanía sobre los Derechos Humanos y la importancia de la defensa, esto sin aportar datos específicos debido a las amenazas de cierre de las organizaciones. Hacía el exterior en España denunciar y visibilizar los casos de vulneraciones que sufre la ciudadanía salvadoreña. Han usado los hashtag #LaVozDeLasMujeres #SinVozenlaExcepción #HablemosdeExcepción “Este trabajo con las mujeres se convierte en prioritario en un contexto de golpe del Estado contra los derechos humanos del pueblo salvadoreño, pero que son las mujeres quienes principalmente se exponen a la estigmatización y malos tratos de los agentes de seguridad cuando buscan a sus familiares capturados, siendo violentadas psicológica y sexualmente por agentes policiales que con total impunidad comenten abusos sobre las jóvenes y mujeres salvadoreñas”, dice ………………. ¿? Una práctica común en El Salvador donde es tradicional la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En El Salvador el aborto está prohibido en todos los casos. La pena para las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden ser de entre dos y ocho años de prisión. Si el aborto es espontáneo, la mujer puede ser acusada de homicidio agravado y condenada a hasta 50 años.  Por ello, Ayala permite acompañar a activistas y defensoras de derechos humanos en un país en el que la democracia, la vida libre de violencia y la capacidad de decisión de sus cuerpos son una utopía difícil de alcanzar. Este texto ha sido elaborado como parte de la campaña #DerechosParaTodas que promueve la agrupación Feministas Cooperando desde el proyecto: “Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (Aexcid)

“No se puede hablar de desarrollo sin hablar de igualdad”, es la premisa que ha quedado clara durante el I Congreso Internacional de Feminismo y Desarrollo organizado por la agrupación Feministas Cooperando como parte del proyecto: Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid). Una jornada de 10 horas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres en la que unas 150 personas entre técnicas de cooperación, personal del tercer sector y comunidad estudiantil han participado de forma activa durante las ponencias y el compartir experiencias de trabajo de 17 mujeres feministas organizadas provenientes de África, América Latina y España que hicieron eco de sus demandas.  “Era necesario visibilizar que las luchas feministas son globales y que las organizaciones de mujeres feministas sabemos luchar juntas”, dice Gloria Angulo Sanchis, coordinadora de la Asociación de Mujeres Malvaluna que agrega que “sin mujeres y sin igualdad no hay desarrollo, no hay democracia y es lo que vemos cuando se persigue también a las feministas”, explica. La agrupación Feministas Cooperando está integrada por la Asociación de Mujeres Malvaluna, Mujeres en Zona de Conflicto, Fundación Mujeres y Asociación Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (Adhex), y desde 2016 trabaja por la transversalización del feminismo en la cooperación extremeña. Una cooperación al desarrollo feminista Y es donde salta la pregunta de rigor, en especial porque quienes estaban detrás del evento, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo posee una larga experiencia en cooperación con países de América Latina y África, y es ¿por qué hablamos de una cooperación feminista?   “Porque si hablamos de desarrollo es imposible no hablar de feminismo, de perspectiva de género y políticas de igualdad. Estamos ante retos globales que no podemos ver a otro lado y en esta reflexión está claro que: sin igualdad no hay desarrollo, sin igualdad desde la perspectiva de género y feminista no puede existir”, expresa de forma categórica Pilar Cancela, secretaria de Estado de cooperación internacional del Gobierno de España. A lo que agrega, Isabel Gil Rosiña, consejera de igualdad y cooperación al desarrollo de Extremadura, que “una cooperación feminista es un análisis certero de la realidad, un diagnóstico claro de lo que ocurre en el mundo. Es sentirse interpelado de que la violación de los derechos humanos afecta mucho más a las mujeres”. Y el broche lo pone Carmen Casco, directora de Fundación Mujeres, que considera que “la cooperación exige hacer políticas e intervenciones que cambien esa estructura patriarcal”, en alusión al papel que las organizaciones integrantes de Feministas Cooperando han desempeñado en el proceso participativo de construcción de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional, recién aprobada por unanimidad en el congreso de Extremadura. Empoderamiento individual, poder colectivo y transformación real Un debate que no es reciente y que responde a muchos años de trabajo, análisis de procesos e intervenciones en materia de cooperación al desarrollo, y que ahora nos exige hechos sobre ¿Cómo se materializa una cooperación feministas en el sur global?, más allá del discurso político. “Es fundamental posicionarnos como sujetas políticas para provocar transformación; una transformación personal y colectiva porque el empoderamiento no es individual por eso hablamos de menos cuartos propios y más patios comunitarios”, decía Mercedes Rodríguez de la Colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas que participó junto a Rim Bribri de la Unión de Acción Feministas de Marruecos y María Soler de Novact en la mesa: Mujeres construyendo cooperación feminista desde el empoderamiento y la participación social y política. Esos “patios comunitarios” de los que habla Rodríguez, suelen materializarse desde el feminismo en redes transnacionales que se tejen desde lo local hasta lo global como lo han expresado Lola Fernández de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y Griselda Mata co-cordinadora de la Red de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe protagonistas de la mesa: El papel de las redes de mujeres en las luchas globales, y que en este caso se refirió al derecho al aborto y el papel de las periodistas para la defensa de los derechos de las mujeres. Que, a largo plazo destacan como ejemplos de buenas prácticas en la transformación de la realidad desde la defensa de los derechos de las mujeres con una perspectiva feminista, además de las comentadas por las compañeras; Ainitze Zabala de Mugarik Gabe, Idoia Moreno de Jambo Congo y Zinthia Palomino de Afroféminas que han participado en la mesa: Buenas prácticas feminista en la cooperación para el desarrollo. Las participantes han concluido que el I Congreso Internacional de Feminismo y Desarrollo ha sido “una jornada energizante que responde a una necesidad de trabajar en red y crear nuevas sinergias internacionales” frente a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en una demanda colectiva, global de derechos para todas.  *Reportaje publicado en El periódico de Extremadura

Un feminismo internacionalista y solidario que trabaja por los derechos de las mujeres en el mundo es lo que presenciaremos el próximo 12 de abril en el Centro Cultural San Francisco de Cáceres, Extremadura, durante el I Congreso Internacional de Feminismo y Desarrollo organizado por la agrupación Feministas Cooperando con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid). La acción surge del proyecto: “Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura” que, es parte de una estrategia que, desde 2016, la Asociación de Mujeres Malvaluna, Fundación Mujeres, Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), y Mujeres en Zonas de Conflictos (MZC) desarrollan para “contribuir al fortalecimiento de la perspectiva feminista y la transversalización del enfoque de género en las estrategias y acciones de cooperación al desarrollo que se diseñan e implementan en la región de Extremadura”. La Agrupación Feministas Cooperando trabaja teniendo en cuenta que “a la ciudadanía, muchas veces, le cuesta imaginar otras realidades, nos cuesta asimilar que las desigualdades por motivos de género siguen persistiendo en nuestro círculo. La Cooperación, aunque es un ámbito complejo, nos ayuda a ejemplificar, a mostrar y a reivindicar que no está todo hecho, que se siguen vulnerando los derechos de las mujeres en prácticamente todos los países del mundo, que queda mucho recorrido y que juntas y en red de apoyo somos más fuertes”. En este contexto el I Congreso Internacional de Feminismo y Desarrollo reúne a feministas de reconocida trayectoria a nivel territorial e internacional que, están al frente de organizaciones y movimientos en defensa de los derechos de las mujeres por lo que se han organizado tres mesas de debate en las que se abordarán los siguientes ejes temáticos:  Mujeres construyendo cooperación feminista desde el empoderamiento y la participación social y política; El papel de las redes de mujeres en las luchas globales; y Buenas prácticas feministas en la Cooperación para el Desarrollo. También se desarrollará un Diálogo Institucional: Hacia una cooperación feminista, en el que participarán Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional; Isabel Gil Rosiña, Consejera de Igualdad y Cooperación de la Junta de Extremadura. Se espera la asistencia de funcionarios públicos, así como mujeres organizadas que provienen de América Latina, África y otras comunidades del España, las feministas de la agrupación Feministas Cooperando integrada por: Asociación de Mujeres Malvaluna; Fundación Mujeres, Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) y Mujeres en Zonas de Conflicto, y otras organizaciones extremeñas que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres. “Vamos a abordar la situación de los derechos humanos de las mujeres a nivel global sobre distintos aspectos como el derecho al aborto, el ejercicio de la libertad de prensa, el valor de estar organizadas, así como reconocer esas buenas prácticas que hemos desarrollado en el trabajo diario para defender #DerechosParaTodas”.

Un total de 45 personas representantes de 23 organizaciones de Extremadura, han participado en el proceso formativo denominado: ‘Enfoque de género en proyectos’ que la agrupación Feministas Cooperando ha desarrollado en Mérida y Cáceres. Al considerar que las discriminaciones que viven las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, son uno de los mayores obstáculos al desarrollo de las sociedades resulta imprescindible la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de las entidades del tercer sector que, son parte de los grupos de trabajo de los tres ámbitos estratégicos de la Cooperación Extremeña:  sostenibilidad de la vida, feminismos y desigualdades, y movilidad humana. “Es este un punto de encuentro donde podemos intercambiar incertidumbres, construir conocimiento y buscar alternativas porque es un punto de encuentro, diálogo, participación y cohesión donde seguir dando respuesta a problemas y causas globales”, explica Lidia Rodríguez Carrascal, técnica de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) responsable de la formación junto a las técnicas, Ana Valverde Chorén de Fundación Mujeres y Sandra Parra Carrasco de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) La formación contempló 2 jornadas de 4 horas en cada localidad con el objetivo de “fortalecer la transversalización de la perspectiva de género de forma adecuada en los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) y Educación para la Ciudadanía global (EpCG)”. Un enfoque que, no solo facilita el desarrollar habilidades en las personas que hacen las organizaciones, sino que tiene la capacidad de transformar vidas mediante la ejecución de proyectos más justos, igualitarios, responsables y críticos del sistema. EL GÉNERO EN LAS FASES DE LOS PROYECTOS Pilar Milanés Milanés de la Coordinadora de Ong´s de Extremadura (Congdex) resalta lo “útil y muy aplicable” en el día a día en el trabajo de diagnóstico y ejecución de proyectos de cooperación, pero sobre todo resalta la importancia de conocer el “impacto de aplicar la perspectiva de género en todas las fases del proyecto”. “Creo que las entidades necesitamos profundizar en la aplicación de todas las herramientas de planificación, y dentro del espacio de Feministas Cooperando poder compartir nuestras experiencias propias ejecutando los proyectos”, dice Milanés, quien también considera la importancia de continuar con estos procesos formativos. Mientras Iñaki Rodríguez Franco, pasante de Soguiba y estudiante del último año de la carrera de Educación Social, reconoce la importancia de asociar la información teórica con la práctica, en especial con ejemplos adaptados a los contextos en los territorios de cooperación tanto en América Latina como África. “Yo me llevo de aprendizaje que no solo debo tener la perspectiva de género a la hora de planificar o identificar sino a lo largo de todas las actividades, porque he notado mucha carencia (en la academia) que no suelen tener en cuenta las diferentes perspectivas o criterios”, comenta. La formación estuvo dividida en nivel básico y avanzado lo que permitió abordar conceptos como la construcción social del género, roles y estereotipos, triple rol de las mujeres, brechas de desigualdad y feminización de la pobreza hasta poder diagnosticar, planificar y formular indicadores con un enfoque de género en el desarrollo.  Esta acción se ha ajecutado como parte del proyecto ‘Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura’ implementado por la agrupación Feministas Cooperando integrada por ADHEX, MZC, Fundación Mujeres y Asociación de Mujeres Malvaluna con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID).