Nombre del autor:malvaluna

Las defensoras de la tierra sufren asedio y diversos tipos de violencia por su activismo en favor de su derecho al territorio y a sus medios de vida.

En Nicaragua, El Salvador y Honduras abortar está totalmente prohibido, so pena de cárcel. En el resto de países centroamericanos sus legislaciones contemplan el aborto terapéutico con sus limitaciones en la práctica. Sin embargo, que exista un debate público sobre el derecho al aborto y que las mujeres protesten «libremente» demandando el respeto a sus cuerpos son algunos logros de la resistencia feminista ante la nueva ola de autoritarismos y fundamentalismo en la región. El cambio generacional dentro del movimiento feminista es una pieza clave para comprender cómo en Centroamérica- una región desigual y con alta criminalización de las defensoras- las mujeres no ceden; valora la guatemalteca, Ada Valenzuela, miembro del Colectivo Las Libélulas. “Son las mujeres jóvenes, feministas, las que están levantando la agenda y la bandera verde por toda la América Latina, y eso, creo yo, que es producto de los caminos abiertos por las generaciones de feministas”, expresa.   En Guatemala el aborto terapéutico está permitido únicamente cuando la vida de la mujer está en riesgo. Con datos del Observatorio en Salud Reproductiva, el informe mundial de Human Rights Watch 2023, registra más de 60,000 -incluidas menores de 10 y 14 años- embarazos de adolescentes y niñas hasta julio 2022.  “La propiedad de nuestros cuerpos y el que el Estado, y especialmente, los hombres que dirigen esos Estados, estén controlando nuestros cuerpos y territorios, creo que sigue siendo una lucha terrible”, apunta la feminista Valenzuela.  Esa lucha por conquistar los derechos reproductivos de las mujeres, que se ha logrado en países como Argentina o México, también se vive en Honduras donde estos logros de la llamada «marea verde» ha provocado una reacción contra los derechos de las mujeres, al permear la legislación ante futuras reformas que permitieran la despenalización del aborto en tierra catracha. «Prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento», se lee la reforma a la Constitución hondureña realizada en 2021 que agrega que «serán nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario». La feminista del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, Regina Fonseca, reconoce que en su país “estamos totalmente atrás”, con medidas regresivas. Y aunque los movimientos tienen décadas de resistencia, especialmente, en derechos sexuales y reproductivos, aún hay “mucho camino por delante”. La gran diferencia, señala, es que ahora las mujeres “tenemos más fortalezas” para continuar la labor de incidencia, expresó.  Cárcel y muerte en El Salvador Beatriz desafió al estado salvadoreño en 2013. Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), El Salvador accedió a practicarle un aborto legal, tras haberle negado ese derecho, a pesar que su vida estaba en riesgo. Su caso evidenció la desprotección de las mujeres y la persecución de la que son víctimas en un país con una de las legislaciones más restrictivas del planeta en materia de justicia reproductiva.  Morena Herrera es defensora del derecho al aborto y asegura que el primer cambio que se ha logrado desde el trabajo de las organizaciones frente a casos como el de Beatriz, es el derecho a “poder hablar de la problemática”. “Hablar, denunciar, sacar a la luz esa realidad vinculadas- como la criminalización de mujeres por emergencia obstétricas- y la consecuencia de la penalización absoluta del aborto. Hemos tenido debates sobre la despenalización por causas específicas y la despenalización como la posibilidad de que las mujeres puedan decidir como un derecho…”, sostiene. Y continúa: “reconociendo que tenemos realidades distintas porque las mujeres somos diferentes”. Entre septiembre 2021 y 2022, la justicia salvadoreña liberó a seis mujeres que habían cumplido entre 6 y 13 años de prisión por cargos de aborto, homicidio u homicidio agravado, indica Human Right Watch.  Otras mujeres, algunas con abortos espontáneos o emergencias obstétricas, fueron condenadas a elevadas penas de prisión. “En junio de 2022, un tribunal condenó a 50 años de prisión por “homicidio agravado” a una mujer que había tenido una emergencia obstétrica”.  “Esta criminalización ha significado para muchas mujeres encarcelamiento, investigación judicial, persecución y para personal médico una gran tensión entre tener que denunciar a una paciente y su deber de cuidarla y asistirla”, denunció Herrera. ‘Las abortistas’ perseguidas en Nicaragua Mientras tanto, en Nicaragua el aborto sigue prohibido desde 2007. Y actualmente se desconoce cuál es la situación de la problemática. “Es un país fantasma en términos de organizaciones de mujeres”, dice “Karla”, feminista nicaragüense, y testigo del desmantelamiento del tejido social ejecutado por el régimen orteguista desde las manifestaciones cívicas de 2018, y quien no se identifica por la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  Las organizaciones de mujeres lucharon por la necesidad de despenalizar el aborto terapéutico por algunas causales, pero desde 2018 ha sido imposible mantener el tema en la agenda pública, lamenta “Karla”. Este activismo por el derecho a decidir de las mujeres las puso en la mira de la dictadura, y especialmente, de la vicepresidenta Rosario Murillo, que las ha señalado de promover el aborto y hacer negocios.  En un discurso de 2020, Murillo justificó el cierre de las Comisarías de la Mujer- bajo el control policial y partidario del Frente Sandinista- que estas eran usadas por las organizaciones feministas para “promover esas malas prácticas”. “Hemos sido acusadas por defender el derecho a la vida en el vientre materno… Había quienes tenían el negocio, clínicas, para acabar con la vida de niños no nacidos encubierto, por supuesto, con una cultura desarrollada, decían… muy progresistas, cuando en verdad lo que están haciendo es queriendo negarle al ser humano el derecho a la vida”, tronaba Murillo desde los medios oficialistas propiedad de sus hijos. Ese discurso de odio es parte de la persecución contra las feministas que señalaron el retroceso de la prohibición del aborto terapéutico, contemplado desde 1837 en el Código Penal que, aunque no esté regulado, no significa que no se practique. “Karla” explica que el

En 2022, Guatemala registró 1,149 agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos de un total de 3,574 según registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). Al menos, 502 de estas agresiones respondieron a un mismo patrón en el que se les criminaliza mediante acciones de difamación y estigmatización, se promociona un discurso de odio, se fabrican procesos judiciales sin fundamento y finalmente se silencia con una detención arbitraria. Brenda Guillén, asistente de coordinación de Udefegua, explica que estas acciones se dan en una Guatemala en la que existen “graves violaciones a los derechos humanos”, por lo que “se criminaliza la labor de personas que trabajan en la defensa del territorio, del medioambiente y de pueblos indígenas”. Sin embargo, hay una especial particularidad en los casos de agresiones contra las mujeres defensoras de derechos humanos. Siempre “se parte desde la sexualidad desde sus cuerpos para la agresión”, algo que nunca se registra cuando se trata de un defensor hombre heterosexual. El impacto de criminalizar a una defensora no solamente afecta a la mujer, sino que incide en su círculo cercano. En ese sentido, una de las medidas para disminuir el riesgo de la defensora es la recolocación territorial o el exilio, pero es muy difícil, ya que casi siempre deben salir con su núcleo familiar. En cambio, los defensores suelen ser más prácticos. “Salen en soledad”, señala Guillén. Al ataque a la sexualidad, se suman otro tipo de agresiones misóginas como “el desprecio, que las ridiculicen, que se metan con su intimidad”, agrega Martha Godínez, integrante de la Alianza Política Sector de Mujeres (APSM). “Las defensoras están en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al ser y quehacer de los defensores… La violencia que se ejerce hacia las defensoras tiene otras significaciones simbólicas, se activan los odios hacia las mujeres, las formas de racismo, la forma de ridiculizar y de profundizar y de negar que las mujeres son sujetas de derechos, que tienen las mismas capacidades de los defensores”, sostiene. La criminalización de la defensa de derechos La escalada de abusos contra las defensoras y defensores ha implicado la utilización del sistema de justicia para “montar casos” y privarles de la libertad. En 2022 se ha registrado el mayor número de casos de los últimos 22 años en la historia de Guatemala, que equivalen a unas 3,574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Según Udefegua ha sido el año en que “se agudizó la estrategia dirigida a capturar todas las instituciones públicas, para que la articulación de las élites de poder pudiera hacer uso, particularmente, del sistema de justicia con el objetivo de criminalizar a personas defensoras de derechos humanos”. Godínez señala que en los últimos años se ha implementado una política económica del extractivismo, se ha elevado la persecución, estigmatización, la judicialización y la criminalización dirigida a defensoras y defensores del territorio. Un ejemplo de que quienes se opongan a esas “políticas de control y de despojo van a ser anulados y van a ser silenciados”, expresó. Amnistía Internacional en su informe de 2022 concluye que “las autoridades no actuaron para proteger a estas personas” defensoras de derechos humanos víctimas de la persecución y hace énfasis en que “con frecuencia recurrieron a procesos penales infundados en su contra”. Sin garantías procesales para nadie Una estrategia que no solo persigue a las y los defensores de derechos humanos, sino que también se ceba en jueces, fiscales y abogados que investigaban, procesaban e intervenían en “casos claves de crímenes de derechos internacional, violaciones de derechos humanos y corrupción” desde el Estado. El exilio de los jueces Erika Aifán y Ángel Gálvez evidencian este patrón de persecución, aunque se registran otros casos de personas destituidas, suspendidas o encarceladas. El más emblemático es el de la exfiscal Virginia Laparra quien, en diciembre de 2022, fue condenada a una pena de cuatro años de prisión pese a la inexistencia de pruebas en su contra. Según registros de Udefegua más de 54 personas han sido obligadas al exilio desde 2021 tras haber sido amenazadas. La persecución sigue siendo uno de los mecanismos que tanto sectores institucionales como actores no institucionales siguen utilizando, aunque en los territorios también hay otros autores de agresiones, como la Policía, alcaldes, empresas privadas. “Cada vez más el ejercicio de ser defensora, activista o militante de cualquier movimiento social y política ha generado que su labor sea en condiciones de inseguridad y persecución”, sostiene Godínez. El temor del cierre de oenegés Otro elemento que se suma a la persecución contra la defensa de derechos es el posible cierre de organizaciones tres años después de haber entrado en vigencia la reforma de “Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo», cuya naturaleza en voz de Udefegua, es “el cierre de organizaciones que al Gobierno le parece incómodas”, sin embargo, no hay registro de cese de operaciones por esta normativa. Pero el riesgo es latente, principalmente, por la discrecionalidad de la que se puede echar mano para aplicar la norma que establece que una organización puede ser cancelada si “utiliza donaciones o financiamiento para alterar el orden público”, por lo que la reforma fue calificada en su momento como un “golpe a la organización social”.  “Muchas corren el riesgo de ser cerradas si la ley llega a operar de forma abierta. Puede ser cerrada una oenegé sí hay evidencia de alteración del orden público. Esto puede ser estar acompañando una manifestación en contra del Gobierno, puede ser un pronunciamiento comunicado, en contra de alguna acción del gobierno. Puede tener una infinidad de acciones para que se ejecute el criterio”, señala Brenda Guillén, asistente de coordinación de Udefegua. Para Guillén toda la ebullición política que vive Guatemala es reflejo de la coaptación de la institucionalidad, lo que, a su vez, dificulta un cambio inmediato, tras la opción política que venza en las urnas. Mientras tanto, Godínez explica que, si bien las defensoras “tenemos miedo, hay que trabajarlo” y que “la

Xiomara Gaitán es la presidenta de la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (Renacamih), desde hace más de cinco años trabaja informando a los comunitarios sobre sus derechos y el impacto de la actividad minera en el territorio de Danlí, municipio de El Paraíso. Eso le ha acarreado amenazas de colaboradores de las empresas que buscan asentarse en esa zona.  “Estamos sufriendo más persecución, ha habido más muertes, más compañeras que han sido asesinadas por estas luchas. Estamos preocupados y se está generalizado a nivel Centroamericano”, expresa preocupada y no es para menos, cuando los datos revelan que 17 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Honduras durante el año 2022 y en 2023, suman nueve casos. “Personas defensoras que contaban con medidas de protección”, lamenta Hedme Castro Vargas, coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía más Participativa (ACI-PARTICIPA). Ella misma cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser víctima de actos de vigilancia, manipulación y sabotaje a su vehículo personal, y llamadas amenazantes e intimidatorias desde el año 2017. Reciente, el 17 de abril de 2020, en una llamada, le dijeron: “es mejor que te calles, ya basta de tanta mierda”. Y en junio de 2022 recibió varias llamadas silenciosas a su casa y oficina. Un dato que contabilizó IM- Defensoras durante el primer trimestre de 2023 en hasta 282 ataques contra las defensoras del territorio en el país catracho. Sin embargo, Castro enfrenta sola su propia criminalización sin un Estado que la proteja. “Estamos haciendo esfuerzos propios para mantenernos con vida”, dice y explica que, desde el golpe de Estado en 2009, las personas defensoras de derechos humanos no cuentan con las garantías necesarias para ejercer su labor. Y el actual gobierno, liderado por Xiomara Castro, aunque tiene “buenas intenciones” para gestionar nuevas leyes, no cuenta con el respaldo suficiente en el congreso para que se hagan realidad. Una situación que ha denunciado Amnistía Internacional, al señalar que las personas defensoras de derechos humanos “sufren elevados niveles de violencia y la mayoría de los ataques quedan impunes”. El caso de la defensora lenca y ambiental, Berta Cáceres asesinada en 2016, es un ejemplo. En junio se condenó a 22 años a David Castillo como coautor del asesinato, pero sin mayores avances en las investigaciones de un hecho en el que se señala a otros participantes. Los ejemplos se extienden. En febrero, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó la liberación de ocho defensores de derechos humanos después de dos años encarcelados. Todos originarios de Colón donde hacían defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras bajo la amenaza de una mina de óxido de hierro. Un proyecto suspendido, por ahora. La violencia diferenciada El riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en su ejercicio no es obviado por el Estado hondureño. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señaló en septiembre de 2022 que “una de cada dos defensoras de derechos humanos es objeto de agresión y amenazas en Honduras”, según una encuesta realizada a 60 mujeres.  El propósito es “silenciar sus voces y apartarlas de escenarios de liderazgo”, indica el texto. Otro hallazgo fue que las agresiones a mujeres defensoras tienen un alto componente de género, amenazas de violencia sexual, así como ataques dirigidos contra la vida de las defensoras y de sus hijos. Reyna Rivera, defensora hondureña, explica que la criminalización es muy alta en las mujeres, y aunque no se atreve a decir que sea más que en casos de defensores, las mujeres sufren la violencia de forma diferenciada, destaca.  La mayoría de los asesinatos corresponden a hombres, pero la violencia que se vive en la comunidad es particular contra la mujer lideresa. “La amenazan con violarla, asesinarla, sufren acoso sexual…”, mientras que en los varones se concreta en muertes. Y mucha de esta violencia proviene, posiblemente, de grupos armados en las comunidades, grupos paramilitares, del crimen organizado”, señaló Rivera.  Un estudio elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), analiza que “cuando las mujeres defienden derechos, toman un espacio político y social que confronta los roles tradicionalmente asignados, los comportamientos socialmente permitidos, y los deberes y prohibiciones asignados en virtud de los estereotipos de género”. Lo que conlleva a mayores niveles de difamación y criminalización, debido a las causas de desigualdad histórica y estructural a las que están expuestas. Xiomara Gaitán, ha enfrentado esos patrones en su día a día. “Vivimos en un país donde hay bastante machismo, el hombre siempre quiere estar sobre la mujer”, expresó.  El impacto de este acoso contra las defensoras tiene un costo financiero, emocional y político, que puede ser mucho más intenso sobre sus familias y comunidades. “Las mujeres suelen ser quienes lideran con mayor frecuencia movimientos sociales en defensa del territorio y los bienes comunes, sobre todo entre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por este motivo, sobre ellas recae con más fuerza la persecución del Estado y viven afectaciones diferenciadas a sus derechos, no solo por motivos de género, sino también étnicos y raciales”, indica el estudio.   Gaitán está consciente de ello, y lo ejemplifica. “Una vez que existe un daño al medio ambiente, las mayores perjudicadas son las mujeres. Si no tienen agua, ellas se encargan de acarrearla; si no hay comida, las madres solteras la buscan y la tenencia de la tierra, históricamente administrada por el hombre, ahora, también le incumbe a la mujer. Altos niveles de impunidad En 2019 el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos calificó a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. El informe del Cejil, confirma que las organizaciones de la sociedad civil han señalado que el incremento en los patrones de criminalización de personas defensoras contrasta con los altos niveles de impunidad que persisten en los casos de ataques en su contra. Se detectó que “las fiscalías llevan a

La imposición del régimen de excepción en El Salvador “ha provocado el aumento de cargas de cuidado para las mujeres”, “un deterioro en sus condiciones de vida y subsistencia”, y en otros casos, también han sido víctimas de “acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados”, así como de persecución y criminalización, reveló el informe Un año bajo el régimen de excepción, publicado por la organización de derechos humanos, Cristosal. Según la oenegé salvadoreña, las mujeres son las que asumen la localización de sus familiares detenidos, la provisión de alimentos, medicamentos y la búsqueda de justicia. También son responsables del cuidado de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Pero no solamente son un sostén para sus familiares, sino que se han convertido en proveedoras de los hijos de parientes de otros detenidos y de adultos mayores de su entorno. Desde el 27 de marzo de 2022 el presidente, Nayib Bukele decretó la medida de emergencia en respuesta a un pico de violencia, que cobró la vida de 87 personas en tres días. El régimen ha sido cuestionado por la comunidad internacional por su naturaleza represiva y que facilita una sistemática violación a los derechos humanos. Hasta abril 2023 se registran más de 66 000 detenciones, en su mayoría, arbitrarias, con el registro de sometimientos a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo custodia del Estado, señala un informe de Amnistía Internacional. DETENIDAS EN DESAMPARO TOTAL Sin embargo, también ha habido persecuciones contra las mujeres. Cristosal documentó casos de niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados. En algunos casos, esa situación obligó a las familias a desplazarse o a enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para evitar que sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de autoridad, indica el documento.  Por otro lado, muchas de las mujeres detenidas estaban embarazadas al momento de la detención y han dado a luz sin que sus familias sepan si su hijo o hija nació y cuál es el estado de salud de ambos. Otras mujeres fueron detenidas cuando estaban en la etapa posparto, es decir, que sus hijos o hijas quedaron al cuidado de familiares o terceras personas con pocos días de nacidos. Entre las principales vulneraciones a los derechos de las mujeres afectadas por el régimen de excepción, Cristosal, señala la pérdida de recursos para su subsistencia y la de sus familiares dependientes; asignación adicional de tareas de crianza y de cuidados, particularmente a mujeres adultas mayores, quienes generalmente son madres y abuelas de las personas detenidas y no contar con recursos financieros y a cargo de niños y niñas de corta edad. ATAQUE A DEFENSORAS DESDE EL DISCURSO La denuncia de estas violaciones por parte de organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales han provocado un ataque directo del Ejecutivo y todo su gabinete, especialmente, contra las defensoras. La narrativa impuesta es que apoyan a las pandillas y justifican sus crímenes. La activista Keyla Cáceres, encargada de incidencia política de Colectiva Amorales, explica que persiste una campaña de odio y miedo. Con la suspensión de las garantías constitucionales por el régimen de excepción “todas las personas estamos sometidas a la detención arbitraria en cualquier momento de nuestra vida, y eso nos lleva a una situación peligrosa”, advierte Cáceres. Amnistía Internacional apunta que funcionarios públicos del más alto nivel han acusado a organizaciones de derechos humanos de estar a favor de la delincuencia generada por pandillas. Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, asegura que existe una criminalización contra las defensoras y periodistas, que inicia con el discurso de odio promovido por el Gobierno en las redes sociales. “Es el mecanismo que ha utilizado el Gobierno para deslegitimar y desacreditar la labor de defensa de Derechos Humanos”, expresó. El régimen suspende el derecho a recibir información sobre los motivos de la detención y no ser obligado a declarar y tener acceso inmediato a la defensa técnica, amplía a 15 días el plazo para la detención administrativa, dejando sin efecto la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, además de la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la morada, detalla un informe de Cristosal a un año de la medida. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Si bien con la imposición del régimen de excepción se marca un antes y un después en materia de derechos humanos en El Salvador, el Gobierno de Bukele ya había dado visos de su autoritarismo. Lo hizo el 9 de febrero, al aparecer en la Asamblea Legislativa escoltado por soldados armados, exigiendo a los parlamentos la firma de un préstamo para su estrategia de seguridad. Luego, vino la coaptación de los poderes judiciales y legislativo, que ha permitido la aprobación sin cuestionamientos de sus iniciativas. La pandemia, dice López, fue otro momento en el que se vulneraron muchos derechos humanos. Nuevamente, las y los defensores de DD. HH. denunciaron los abusos, pero el Gobierno reaccionó a la defensiva, señalándolos de alentar más muertes; más polarización en medio de una emergencia sanitaria. “El deterioro –de DD. HH.- fue vertiginoso. No inicia con el régimen – de excepción-. Este viene a funcionar como un mecanismo de control social sobre un sistema que había sentado sus bases”, expresó la abogada de Cristosal. En 2022 la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos registró la detención de seis lideresas comunitarias del municipio de Jiquilisco en Usulután en el contexto del régimen de excepción. Las autoridades las privaron de su libertad en sus hogares sin dar los motivos de su aprehensión. Y durante estos 16 meses, Bukele ha mantenido mensajes acusatorios contra los defensores, similares a este: “Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos. Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos. Ong´s de “derechos humanos”, la “comunidad internacional, la CIDH, periodistas y medios de Open Society. Se quitaron la

La región centroamericana considerada una de las «más desiguales del mundo» vive una expansión de gobiernos totalitarios y autoritarios que ha significado un mayor retroceso en los derechos de las mujeres, así como también la criminalización y persecución de quienes se atreven a levantar la voz para denunciar los actos arbitrarios desde los aparatos estatales. En esta línea han quedado al frente, las mujeres defensoras de derechos humanos que, en países como Nicaragua han sido criminalizadas e incluso procesadas judicialmente y condenadas. Una acción que se ha expandido hasta El Salvador donde se les persigue después de decretado el estado de excepción. Este contexto ha generado por segundo año consecutivo, como parte de una estrategia de sostenibilidad, que Malvaluna con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid) ejecuta el proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica que incluye acciones de formación, información y sensibilización. Esta acción persigue facilitar herramientas y equipos para la protección de las defensoras de derechos humanos tanto física como digital. Al menos, 30 mujeres organizadas y feministas a titulo individual que trabajan en la defensa del derecho al aborto, a una vida libre de violencia, así como periodistas exiliadas, han sido beneficiadas con estas acciones. También incluye un componente de información y de sensibilización mediante la campaña: ¡Tengo derecho a defender derechos! como mecanismo de acuerpamiento y denuncia de la situación frente a un contexto hostil en el que levantar la voz es un riesgo de cárcel. «En países donde hay una constante violación a los derechos humanos, las defensoras y feministas están expuestas a la persecución porque además hablamos de sociedades heteropatriarcales que tienen criminalizados derechos básicos de las mujeres como el del aborto. Por ello, brindar herramientas para su seguridad y denunciar la situación es casi obligatorio para las organizaciones que por ahora nos movemos en un contexto de democracia, y eso es lo que hacemos desde Malvaluna», explica Gloria Angulo Sanchís, coordinadora de Malvaluna. ALIANZAS ENTRE MUJERES ‘Alianzadas’ es el nombre del proyecto que entre 2017 – 2021 le permitió a Malvaluna dar a conocer de la voz de las feministas de América Latina y Marruecos la situación en materia de defensa de los derechos de las mujeres mediante el Tribunal Internacional de los derechos de las mujeres que dictó sentencia contra seis Estados: Paraguay, El Salvador, Marruecos, Nicaragua, Colombia y Bolivia frente a su compromiso con la vida de las mujeres. «Fue un ejercicio simbólico de fiscalización de los estados frente a su responsabilidad en garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia machista. Es un proceso que disfrutamos mucho porque nos daba además la oportunidad de ser participantes activas y contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres e incorporar una visión feminista al tratamiento, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres», dice Angulo Sanchís. Las acciones de este proyecto incluyeron formación enfocada en descifrar el marco jurídico de cada país en torno a los derechos de las mujeres, pero también el generar nuevos saberes como los que se incluyeron en el manual «Mujeres ALIANZADAS y saberes feministas» que rescata experiencia de resistencia de mujeres organizadas en países como Paraguay y Nicaragua. Con más de 30 años de trabajo, Malvaluna es consciente de la necesidad y pertinencia de proyectos en que las mujeres del mundo se acuerpen en la defensa y demanda de sus derechos, en especial en contextos donde se violentan todos los derechos humanos. ______________________________ Este texto ha sido elaborado como parte de la campaña #DerechosParaTodas que promueve la agrupación Feministas Cooperando desde el proyecto: “Construyendo cooperación descentralizada feminista en Extremadura” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).