Malvaluna en apoyo a la campaña #MamáEstáCastigada

La verdad material es aquella que se corresponde con la realidad de los hechos.

La verdad judicial es la que se plasma en una sentencia al final de un proceso. Para lograr la verdad judicial, se dice, quien juzga debe ser independiente, imparcial y actuar con objetividad. Pero lo que no se tiene en cuenta es, como decía Adrienne Rich, que “objetividad e Imparcialidad” son los nombres que la sociedad y la justicia dan a la subjetividad masculina, y que por tanto se impone como la norma única y dominante.

Muchos y diversos acontecimientos judiciales ocurridos en nuestro país y en nuestra región ha provocado que el sistema judicial, sea hoy visto por las mujeres y las organizaciones de mujeres como responsable último del fracaso de los avances legales en igualdad. En nuestra labor de acompañamiento hemos encontrado a muchas mujeres que acudían a los juzgados esperando obtener justicia y reparación, porque la ley ya les amparaba, mujeres que han visto cómo entre su verdad real, su verdad vivida y la verdad judicial no existía no había equiparación, mujeres que han salido decepcionadas y desconfiadas de un sistema que las ha tratado mal, ha desconfiado de ellas, han soportado la impunidad y han sido juzgadas soportando un juicio paralelo a pesar de ser ellas las víctimas.

En los últimos meses son muchas las mujeres de Extremadura que nos presentan sus casos y vivencias ante la administración de justicia, mujeres que han sido procesadas y condenadas tras presentar denuncias por abusos sexuales a sus hijos e hijas; mujeres privadas de la custodia tras denunciar malos tratos continuados a lo largo de años; mujeres condenadas por denuncia de su agresor; mujeres a las que los equipos Psicosociales descalifican en sus informes sin haber tenido contacto con ellas; mujeres en riesgo de perder a sus hijos e hijas porque esos mismo equipos psicosociales aplican los razonamientos y efectos del inexistente síndrome de alienación parental. Hemos visto cómo la fiscalía antepone los derechos de un presunto agresor a los de los hijos e hijas menores; cómo profesionales de otras administraciones han sido sancionados por emitir informes contrarios a la opinión del juzgado; hemos visto cómo profesionales con especialidad en violencia de género son denigrados; cómo los cuerpos y fuerzas de seguridad desalientan las denuncias, o cómo se las condena a prisión por defender a sus hijos e hijas.

No son casos aislados, son las víctimas de un sistema de justicia patriarcal.

Las mujeres hemos empezado a levantar el velo a la justicia y lo que vemos es un modelo androcéntrico no superado a pesar de los esfuerzos legislativos, lo que vemos es que este modelo de justicia patriarcal se asienta sobre estructuras y relaciones que no se cambian con la mera invocación formal de la igualdad entre mujeres y hombres.

Este sistema judicial necesita cambios profundos que sirvan para superar la concepción patriarcal que hoy rige en todos los órdenes de la vida, también en la justicia. Unos cambios en la aplicación de la igualdad entre mujeres y hombres que impregnen todo el sistema y en todas las etapas, desde el inicio de la formación jurídica hasta el acceso a la judicatura y la promoción, a la fiscalía y a todos los órganos y servicios que forman parte de la propia administración de justicia. Una administración de justicia que debe rendir cuentas como la rinden los demás poderes del estado.

Mamá está castigada.